Mariana Pérez, mariana@fundar.org.mx
Tanto por sus causas como por sus consecuencias, el gasto de bolsillo (GB) tiene efectos negativos en el ejercicio pleno del derecho a la salud. Esto se debe principalmente a que su predominancia en el financiamiento del sistema de salud en México refleja directamente la participación de las personas sin seguridad social. El GB es además un indicador sobre la accesibilidad económica –elemento esencial del derecho a la salud– que las personas tienen a bienes y servicios en la materia.
El GB puede considerarse como el resultado de otros problemas que han caracterizado el financiamiento de la salud, principalmente el bajo nivel de inversión en la materia, la distribución desproporcionada de recursos entre instituciones y entidades federativas y los gastos empobrecedores de las familias para acceder a la salud.
De manera explícita, el modelo financiero del Seguro Popular (SP) pretendía corregir todos estos problemas. Después de seis años, la creación de este esquema ha traído algunos avances en el financiamiento de la salud. Sin embargo, tanto los progresos financieros como los resultados en la mejora del acceso a la salud de las personas muestran que deben redoblarse los esfuerzos para que disminuya el gasto de bolsillo y por ende, el acceso económico a la salud.
Antes y después del Seguro Popular ¿Qué ha cambiado en el financiamiento a la salud?
¿Cómo reducir el gasto de bolsillo?
Para contar con un mejor diagnóstico y evaluación sobre el gasto de bolsillo y el fenómeno de la no demanda de atención de la salud por causas económicas, es necesario mejorar sustancialmente la metodología y aspectos a indagar en la encuesta de satisfacción de usuarios del Seguro Popular.
Para ello, debe señalarse en el artículo 40 del Decreto de Presupuesto 2011 que la encuesta de satisfacción de usuarios deberá incluir preguntas sobre pago por cuotas de recuperación, gasto directo en medicamentos, pruebas de laboratorio y gabinete y transporte. También deberá indagar las causas de no atención médica. La encuesta de satisfacción de usuarios debe basarse en una metodología con perspectiva de derechos y desagregar sus resultados por lo menos por estado, localidad urbana y rural, sexo y etnia.
Adicionalmente, considerando que el Seguro Popular representa un factor que profundiza el de por sí fragmentado sistema de salud, los diputados deberán asegurar el aumento continuo de la inversión de recursos públicos para salud de población abierta. De esta forma se podrá asegurar la disponibilidad de bienes y servicios tanto para los afiliados como para quienes aún no cuentan con SP. Esto debe hacerse independientemente de las reglas que rigen el esquema financiero del SP, pues aún no se cuenta con suficientes recursos para cubrir las necesidades de salud en general y disminuir el gasto de bolsillo en particular.
Para resolver los desequilibrios financieros debe haber una mejor distribución de los recursos presupuestarios y prestar particular atención a los estados donde las carencias son mayores. Para ello, los criterios de asignación presupuestaria deben responder a las variables de porcentaje de población abierta, nivel de marginación, necesidades de infraestructura y acceso a medicamentos.
