A pesar de que cada año miles de migrantes que intentan cruzar México de manera irregular para llegar a EUA sufren violaciones a sus derechos humanos, no es posible conocer el presupuesto que el INAMI destina a protegerles. Aquí una propuesta para avanzar en este sentido.
La página de la Secretaria de Hacienda contiene cuantiosa información presupuestaria que da cuenta de a qué rubros se están destinando nuestros impuestos. No obstante, seguimos sin conocer el quehacer gubernamental. ¿Por qué?
Cada año el gobierno sobrejerce recursos presupuestados para Comunicación Social, mientras que algunos programas sociales son recortados. ¿Cómo se le puede poner un tope a recursos que no son prioritarios para el desarrollo del país?
Cada año los gobiernos estatales reciben recursos para satisfacer la demanda de medicinas; sin embargo, hay desabasto.¿Qué pasa en el proceso de compra y distribución de medicamentos?
El costo de los bienes y servicios de salud persiste un gran obstáculo para satisfacer el derecho a la salud. Desde hace más de diez años, la principal fuente de financiamiento del sistema de salud proviene directamente del bolsillo de las personas.
El Estado mexicano debe incrementar la inversión pública en infraestructura médica para cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud de las y los mexicanos.
A pesar de que cada año mueren más de 1,000 mujeres por causas asociadas al proceso de embarazo, parto y posparto, los recursos para reducir la muerte materna disminuyeron 21.5% en términos reales vs. lo aprobado el año pasado. ¿Por qué lo anterior podría violar el artículo 1º de la Constitución?
Cada año aumenta el número de personas infectadas con VIH; no obstante, los recursos para atender dicho padecimiento se reducen cada año. ¿Por qué?
A partir de la Reforma Energética de 2008, a finales de 2010 se aprobó un nuevo modelo de contratación denominado contratos integrales de exploración y producción. ¿Qué información se publica para el monitoreo y fiscalización de estos nuevos contratos?
La posibilidad de exigir que el Estado mexicano garantice el derecho a la salud se reforzó con la aprobación de la reforma constitucional de junio de 2011 que eleva los tratados internacionales de derechos humanos a rango constitucional.
